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Medicos y conflicto armado

Un caso ‘caliente’ de la situación de los médicos en el conflicto colombiano que está en los medios de prensa en estos días….juzguen por ustedes mismos

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“Llega el 8 de febrero y el médico Luis Alfredo Moreno García recuerda desde su celda fría, en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, lo que sucedió hace un año en esa misma fecha: a las 6 de la mañana miembros del CTI allanaron su casa y la voltearon patas arriba en busca de evidencias que comprobaran sus nexos con las Farc. “Yo, nexos con la guerrilla, ¡yo no soy un terrorista!, sólo soy un médico que cometió un error”, repite una y otra vez este ortopedista, deportólogo y traumatólogo de Colsánitas que durante sus 18 años de carrera ha recibido en su consultorio a los futbolistas y tenistas más reconocidos del país.

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Moreno, de 48 años de edad, creció en una familia de médicos en Bogotá. Es padre de dos adolescentes y de un bebé. Dentro del gremio es reconocido por ser uno de los más preparados en su rama y, antes de entrar a la cárcel, no sabía de otra cosa que de medicina, de su familia y del Independiente Santa Fe.

Hoy, a punto de cumplir un año en prisión, recuerda por qué está ahí.

En noviembre de 2003, un anestesiólogo amigo suyo lo invitó a una brigada de salud en Meta. Le pagaban dos millones y medio de pesos por ir un fin de semana a algún sitio del departamento para curar unos enfermos.

Viajó hasta Villavicencio, luego a La Macarena y ahí una mujer los condujo a él y a su amigo hasta una vereda remota en la que había un campamento de las Farc. “¿Y esto qué es?”, le preguntó Moreno a Alejandro Rico, el anestesiólogo que lo había invitado a la jornada y le había pagado.

Decenas de muchachos de camuflado o en sudadera, con brazaletes de las Farc y con fusil al hombro, que se encontraban heridos, fueron atendidos por ambos médicos. “Hice varios procedimientos a personas que ya habían sido intervenidas. Por ejemplo, había uno al que le habían hecho una especie de cirugía, pero la herida se infectó y yo lo que hice fue retirar el tejido muerto que quedaba”, recuerda Moreno mientras toma el sol en uno de los corredores de la cárcel.

Entonces comenzó su suplicio. Dice Moreno que a su regreso a Bogotá no quería saber nada del tema. No le contó a su familia, ni a las autoridades, ni a un amigo. Se sintió engañado y prefirió echar el asunto en el olvido. Dice que tuvo miedo, que le faltó valor para denunciar y que temía por la seguridad de él y la de su familia.

Pero a las tres semanas llegó una segunda invitación. El mismo anestesiólogo le dijo a Moreno que debían volver a Meta, pues las Farc necesitaban nuevamente de sus servicios. Esta vez, asegura, fue la amenaza la que lo obligó a ir. Asegura que no puede confirmar que haya sido exactamente el mismo lugar en el que estuvo por primera vez, pero que el procedimiento fue igual. Durante un fin de semana recomendó algunas medicinas, revisó heridos, practicó pequeñas cirugías e inmovilizó pacientes.

Nuevamente en Bogotá, Moreno García estaba hecho un manojo de nervios. “Muchas veces estuve tentado a contarle mi caso a la Policía. De hecho, una vez prendí el carro y me fui directo al DAS, pero cuando estaba llegando me devolví, no fui capaz de hablar, me faltó valor para contar mi caso”, dice.

El dilema

El año 2004 fue tranquilo. Pero a finales del año siguiente, el Departamento de Estado de Estados Unidos le cobró lo que había hecho en Meta: en una carta le anunciaban el retiro de su visa porque era un terrorista. Después le quitaron la visa a uno de sus hijos.

Esto lo obligó a contarles todo a su familia, a un amigo, y de inmediato comenzó a averiguar en la Fiscalía y en el DAS si había investigaciones en su contra. Pero le dijeron que no había nada. Pasó el tiempo y entre la zozobra y el miedo llegó el 8 de febrero de 2008, cuando las autoridades esculcaron su casa tras las pistas de las Farc. Y detuvieron también al anestesiólogo Rico.

Moreno se enteró entonces de que Matilde Jaramillo García, alias ‘Marta’, ex jefe de logística del primer frente de las Farc durante cinco años, lo había delatado. Ella entregó una foto donde aparece el ortopedista en el aeropuerto junto con una guerrillera y declaró que ambos galenos habían ido libremente a curar a sus compañeros. Aunque por ambas jornadas el ortopedista dice no haber recibido más de cinco millones de pesos, la desmovilizada asegura que recibieron 20 millones cada uno y que además conocieron personalmente al ‘Mono Jojoy’.

En los corredores de la Clínica Reina Sofía, al norte de Bogotá (donde trabajaba Moreno), en Facebook, en reuniones de traumatólogos, deportólogos y ortopedistas, esta historia ha sido tema obligado de discusión. La mayoría de los médicos apoya a Moreno García. Dicen de él que es una persona íntegra, honesta, dedicada a su trabajo, que pecó por ingenuo, por falta de carácter, y que tal vez cometió un error al no denunciar ante las autoridades su caso.

Pero otra cosa dice la justicia. “Hubo dolo (mala intención) y conciencia de la infracción, ya que pusieron sus conocimientos al servicio de un grupo subversivo. Ellos sabían para qué iban, a dónde iban, con quién iban, en qué zona se metían”, dice la investigación sobre los profesionales.

Moreno terminó acusado de rebelión por colaborar con la red de apoyo logístico de las Farc y está a la espera del juicio. “La verdad es que yo soy un chivo expiatorio del conflicto. Soy un enemigo completo de la lucha armada. No sé por qué la Fiscalía se ensañó conmigo”, dice.

Si bien Moreno cuenta con la solidaridad de su gremio, que argumenta que ante todo la misión de un médico es salvar vidas como lo dicta el juramento hipocrático que hace todo galeno al terminar sus estudios, en las circunstancias que rodearon las consultas de Moreno a las Farc, hay varios aspectos que hacen más delicado el análisis de su situación.

Por un lado, Moreno desconoció su deber ciudadano de reportar lo sucedido a las autoridades. No es claro siquiera que lo hubiera hecho aun después de que le quitaron la visa cuando ya había señales de que algo marchaba mal con sus actuaciones. También recibió el dinero de la guerrilla. Sin objetar el origen ilícito del mismo, lo consignó y lo asumió como el justo pago de su trabajo. Además de esto, repitió su aventura.

Sin embargo, cada uno es dueño de su propio miedo y no hay duda de que su denuncia le hubiera acarreado una persecución por parte de la guerrilla. Un riesgo latente sobre él y su familia, sin tener certeza de la capacidad del Estado para protegerlos. “El pago no deslegitima el carácter humanitario de una acción médica. Si la persona que atiende el médico es criminal, pues que la Policía o el Ejército lo capturen, esa es su función”. asegura Jorge Merchán Price, médico cirujano y director del movimiento Médicos Azules, que aboga principalmente por la defensa de la vida bajo cualquier circunstancia.

Aunque según la normatividad nacional y los tratados internacionales los profesionales médicos están protegidos por el secreto profesional, hay reglas que no se pueden violar. Por ejemplo, cuando un médico transforma las facciones de una persona, o cambia las huellas dactilares de alguien para infringir la ley, es cómplice del delito.

Por otro lado, una enfermera o un cirujano que asiste a una persona que está herida por arma de fuego, que haya sido víctima de un artefacto explosivo o haya sido atacada con arma cortopunzante, debe reportar el caso ante las autoridades, lo que se conoce como “dar la noticia criminal” para que se investigue el caso. Y si recibe dinero proveniente del narcotráfico o de una organización ilegal por un servicio médico, esto puede tener consecuencias penales.

Hoy, el médico Luis Alfredo Moreno García está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia le resuelva una tutela que interpuso en diciembre para que le otorguen la detención domiciliaria, negada por un fiscal que determinó que el médico constituía un peligro para la sociedad.”

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